Políticas Públicas Criminológicas.
Primera
parte.
El
definir bien las políticas y su buena ejecución fortalece la democracia y
mejora la gobernabilidad, en el entendido que se propicia el bienestar de las
mayorías. Una parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño,
gestión y evaluación de las políticas públicas. Las políticas públicas se han
convertido en una herramienta que incorpora no solo los intereses del Estado,
sino también de la sociedad mediante objetivos y acciones concretas para dar
respuesta a un problema concreto. (Monge, 2015).
Las PP
son muy importantes ya que responden a las necesidades de la ciudadanía y el
mejoramiento como país, además hay una respuesta de compromiso del gobierno en
la mejora continua en diversos temas y sectores a intervenir.
Es
importante por tal motivo darle un seguimiento a las actuales políticas
públicas criminológicas aprobadas en nuestro país, así mismo como las que se
encuentran en el plano de desarrollo, gracias a reformas de leyes, cooperación
internacional, el estudio del fenómeno delictivo, las tendencias actuales de
criminalidad y otros aspectos en los que se motiva a mejorar la seguridad
ciudadana y la prevención del delito, además de la importancia en la sensibilización
de la ciudadanía.
Políticas Públicas Criminológicas.
Política Pública
de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica.
“La Política responde al mandato de favorecer y
fortalecer la incorporación de la Justicia Restaurativa en el Sistema de
Justicia Juvenil en Costa Rica, dando respuesta a los compromisos
internacionales del país en materias de derechos humanos y derechos de las
personas menores de edad, así como a la consideración del legítimo acceso a la
Justicia de las niñas, niños y adolescentes y, en especial, de niños, niñas y
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.” (Poder Judicial, 2015).
La justicia restaurativa es beneficiosa en todos los
aspectos y se ha logrado demostrar en países tales como Noruega, Nueva Zelanda,
Finlandia y otros principalmente de Europa que han aplicado este método como
una forma de prevenir el delito, respetar los derechos humanos, disminuir la
reincidencia criminal y ser un programa de mediación entre
víctima-delincuente-justicia.
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| Imagen 1: Justicia Restaurativa. (Gobierno de Costa Rica, 2015). |
Esta PPC la conforman varias instituciones y
ministerios entre ellos por mencionar algunos se encuentran el Poder Judicial,
Ministerio Público, Defensa Pública (Unidad de Defensa Pública Penal Juvenil),
Departamento de Trabajo Social y Psicología, la Comisión Nacional para el
Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), el Viceministerio de
Paz, MIDEPLAN, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales, DINARAC, Dirección General de
Adaptación Social y su Programa Nacional de Atención a la Población Penal
Juvenil, Dirección del Programa de Prevención del Ministerio de Seguridad, la
Defensoría de los Habitantes (Dirección Área Niños y Adolescentes), PANI,
ILANUD, Consejo de la Persona Joven, IAFA Centro de Menores, representantes de
universidades, etc.
Dentro de sus objetivos se encuentran involucran a los
jóvenes en conflictos con la ley acercarse a la justicia restaurativa, atender
la reparación del daño tanto a las personas ofendidas como a la sociedad, la
aplicación de sanciones socioeducativas tales como la prestación de servicios,
la reparación de los daños a las víctimas, la orientación y la supervisión, la
enseñanza de algún oficio, la desintoxicación por drogas o licor, entre otros
aspectos.
Es muy importante ya que logra incorporar el respeto
de los derechos humanos para las personas menores de edad, se logra por medio
de un plan de acción actividades que faciliten la reincorporación a la sociedad
de estas personas y se logre disminuir la reincidencia delictiva.
Otro aspecto relevante es que la Ley de Justicia Penal
Juvenil promueve algunas formas legislativas que, atendiendo a los principios
de intervención mínima, de racionalidad, de proporcionalidad, de
flexibilización y diversificación de la reacción penal, favorece la des
judicialización de los procedimientos penales según las recomendaciones del
derecho internacional. (Poder Judicial, 2015).
Además, es importante señalar que el tiempo de
intervención en los tribunales es reducido gracias a la Justicia Restaurativa
por su pronta respuesta y mediación y se logra reducir los gastos económicos que
conlleva un proceso penal.
Política Integral
y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ).
El enfoque principal de esta PPC es la seguridad
ciudadana y la generación de paz, reconocer la criminalidad que pone en riesgo
la seguridad, aplicar los mecanismos de prevención en contra del delito y
articular las distintas instituciones tanto a nivel local como nacional para
poder hacerle frente a la comisión del delito.
Para su formalización se tomó en cuenta la ciudadanía
por medio de la consulta pública, tomando en cuenta la percepción de
inseguridad de la ciudadanía para fortalecer el programa logrando entender el fenómeno
delictivo y las manifestaciones de violencia.
Entre sus objetivos tanto a nivel nacional como local
según el Ministerio de Justicia y Paz, 2017 son:
· Superación de las
condiciones sociales de vulnerabilidad frente al delito y la violencia.
· Rescate y creación de
espacios y condiciones para fortalecer una cultura de paz social y mayor
desarrollo humano.
· Utilización y
fortalecimiento de las capacidades del Estado para garantizar una mayor
seguridad ciudadana.
· Eliminación de las
formas más próximas de violencia y victimización, considerando las
especificidades de distintos segmentos de la población.
· Atención integral a las
víctimas de la violencia y el delito.
· Intervención eficaz
para desarticular las distintas formas de delincuencia organizada en el
territorio nacional.
El anterior gráfico estadístico nos muestra la tasa de homicidios en los últimos años por lo que es importante que estas y otras políticas públicas criminológicas sean insertadas para prevenir la delincuencia y sobretodo la alza en los homicidios.
Entre los que cooperan para esta política pública están
el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de salud, Ministerio de Cultura
y Juventud, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, Instituto Costarricense Sobre Drogas, Ministerio de
Bienestar Social, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Poder
Judicial, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Adaptación
Social y otros. (Secretaría Técnica de los ODS, 2016).
Para la implementación de nuevas políticas criminales
es de suma importancia que las distintas unidades del gobierno participen, que
se aprueben reformas si es necesario que haya un estudio íntegro y que todas
las instituciones públicas o privadas del país participen ya que será el único
camino para que se fortalezca la lucha contra la criminalidad en el país.
Política Pública
con la Ley N°9406 de Relaciones Impropias.
Esta es una importante política pública criminológica basada
en la Ley de Relaciones Impropias ya que antes de que esta fuera aprobada,
había una situación de desproporcionalidad entre las relaciones afectivas
principalmente en las niñas, abuso sexual, agresión doméstica y femicidios,
gracias a esta Ley se previene esos delitos que en muchas ocasiones eran
ocultados por parte de las víctimas.
Esta ley castigaría hasta con tres años de cárcel a
quienes siendo mayores de edad mantienen relaciones sexuales con
personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de cinco o
más años. Impone el mismo castigo cuando quien es menor de edad tenga entre los
15 y menos de 18 años, si la diferencia de edad entre ambos es de 7 años o más.
(Gobierno de Costa Rica, 2017).
Con esta Ley se previenen los delitos asociados a las
relaciones impropias, se cumple con el compromiso ante la Convención de
Derechos del Niño y la protección especial de la persona menor de edad.
Gracias a esto el Instituto Nacional de las Mujeres ha
fomentado la participación junto a otras instituciones del país para proponer
un proceso género-sensitivo para explicarle a la ciudadanía, y en particular a
las mujeres, niñas y adolescentes, los alcances de esta nueva Ley", señaló
Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta
Ejecutiva del INAMU. (INAMU,2019).
Con esta importante política pública cierro la primera parte de las actuales PPC en Costa Rica y la importancia e impacto que tienen en la ciudadanía.
Referencias
bibliográficas.
Defensoría de los Habitantes. (2017, enero, 24). Ley 9406 Relaciones Impropias. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=OLqx-Pt006g
Gobierno
del Bicentenario. (2017). Costa Rica
fortalece medidas para proteger a las personas menores de edad mediante la Ley
de Relaciones Impropias. Recuperado de https://presidencia.go.cr/comunicados/2017/01/costa-rica-fortalece-medidas-para-proteger-a-las-personas-menores-de-edad-mediante-la-ley-de-relaciones-impropias/
INAMU. (2019). INAMU
satisfecho con aprobación de Ley que castiga a las relaciones de parejas
impropias. Recuperado de https://www.inamu.go.cr/en/web/inamu/ley-relaciones-impropias
Monge Pacheco, B. (2015). Importancia del manejo de políticas públicas y el aporte para el
desarrollo de un país. Recuperado http://www.cicap.ucr.ac.cr/web/importancia-del-manejo-de-politicas-publicas-y-el-aporte-para-el-desarrollo-de-un-pais/
Ministerio de Justicia y Paz. (2017). Política Municipal de Seguridad Ciudadana y
Prevención de Violencia. Osa, Puntarenas 2018-2022. Costa Rica: Ministerio
de Justicia y Paz.
Observatorio de la violencia. (2017). Tablas y gráficos. [Imagen]. Recuperado de http://observatorio.mj.go.cr/recursos/tablas-y-graficos
Poder Judicial. (2015). Política Pública de Justicia Restaurativa de Costa Rica. Costa Rica:
Ministerio de Justicia y Paz.
Secretaría Técnica de los ODS. (2016). Inventario de Políticas Públicas según los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [Recurso Electrónico]. San José,
Costa Rica: 1ª. ed. Secretaría Técnica ODS-MIDEPLAN.
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