El
tema de la participación ciudadana dentro de las políticas públicas es
fundamental, ya que somos las personas los interesados en que se nos resuelva
los problemas de carácter social que tanto nos quejamos y sufrimos.
Sin la
participación ciudadana la política pública no tiene un objetivo bien definido
hacia las personas que se van a beneficiar de la intervención por parte del
Estado, la unión entre estos dos realmente hará que la construcción de la
gestión social alcance a realizarse de la mejor manera.
La participación ciudadana alza su opinión para ser escuchada, presentar sus inquietudes,
focos de intervención, proponer una solución al problema y otras para la
implementación de nuevas políticas públicas o darle seguimiento en dado caso a
las que resultan exitosas.
No
obstante, mucho se ha hablado por parte de los distintos expertos que la
participación ciudadana en la implementación de políticas públicas cada vez es
menor las personas se interesan menos y no se promueve tampoco que se reactive
esa participación.
Es importante
manifestar en este punto que acciones por parte del gobierno muchas veces no
son bien calificadas por los ciudadanos, pero tampoco nos interesamos por
integrarnos a la planificación, ejemplo de ello es cuando se toman decisiones
en cuanto a la disminución de la criminalidad por medio de la justicia
restaurativa como una política pública criminológica, algunos ven con buenos
ojos la reinserción social del delincuente, mientras otros más populistas creen
que incentiva a la delincuencia proponiendo penas más duras, pero esto solo
queda en palabras ya que los ciudadanos no se reúnen y exponen sus ideas o
criterios al momento de la planificación de una PPC.
En
esta dirección es necesario para instaurar la pretendida eficacia, redefinir
las funciones del Estado y las políticas criminales con el fin de que exista
una verdadera descentralización de poder y una mayor participación ciudadana.
(Acevedo, 2004).
Por lo
tanto, es importante concientizar a la sociedad que su participación en las
nuevas políticas públicas incentiva al crecimiento, desarrollo y fortalecimiento
del país en los procesos de toma de decisiones, mejorando la gestión pública y
el modelo de intervención estatal.
Referencias bibliográficas.
Acevedo
Matamoros, M. (2004). La política
criminal contemporánea y la práctica penitenciaria costarricense. Costa
Rica: UCR.
Sobre la Mesa CIEP-UCR. (2018, noviembre, 21). Participación Ciudadana en la elaboración de Políticas Públicas. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=hMmyfcA_I4g
En la
creación de políticas públicas todos los elementos que la constituyen son
relevantes para que la política pública sea exitosa, uno de estos componentes
son el marco legal.
El
Marco legal en la política pública deberá estar orientado hacia la población
objetivo, de manera que debe ser integrado al conjunto de acciones en el marco
de responsabilidades comunes, acciones de mayor impacto, buscando el bienestar
de la ciudadanía a partir de los derechos universales y específicos, respetando
los plazos otorgados y considerando la normativa sean estos decretos,
directrices, leyes, convenciones, tratados y protocolos.
En
este apartado se incorporan resúmenes de tablas sobre el comprendido de
Tratados, Leyes, Decretos, Directrices y otros instrumentos que se relacionan
con los ejes de las políticas y los temas prioritarios, haciendo referencia al
año de emisión y vigencia y en varios casos se integra una breve descripción de
los temas o aspectos principales, lo cual resultan muy útiles para revisar el
fundamento jurídico de la PP a nivel nacional e internacional. (MIDEPLAN, 2016).
El
marco legal le da funcionalidad a la política pública, además ampara a las
instituciones que lo ejecutan para que sus medidas estén dentro de las garantías
constitucionales.
A modo
de ejemplo vamos a revisar el marco legal de la PPC sobre Relaciones Impropias
el cual abordamos con anterioridad en la primera parte de políticas públicas
criminológicas aprobadas en Costa Rica.
Las
relaciones impropias son aquellas caracterizadas por la desproporcionalidad
entre las relaciones sentimentales, habitualmente un hombre mayor de edad con
una mujer menor de edad por lo general, aunque esta variable puede cambiar, no
obstante, la mayoría de casos el hombre juega el papel de la persona adulta en
la relación.
En
anteriores casos analizados por autoridades de nuestro país, esta desproporción
en la relación ha causado violencia doméstica principalmente la persona
afectada no tiene la libertad que merece como compartir con amigas o amigos, se
le limita el uso del teléfono celular y otras situaciones relacionadas al celo,
cabe resaltar que incluso el Femicidio ha llegado a ser parte de estas
relaciones.
Razón
por la cual se creó la Ley 9406 que es parte de este marco legal importante en
esta política pública.
La Ley
9406 nos dicta castigará hasta con tres años de cárcel a quienes siendo mayores
de edad mantienen relaciones sexuales con personas menores de 15
años, si la diferencia de edad entre ambos es de cinco o más años. Impone el
mismo castigo cuando quien es menor de edad tenga entre los 15 y menos de 18
años, si la diferencia de edad entre ambos es de 7 años o más. (Gobierno de
Costa Rica, 2017).
En este
marco legal además entran Ley N°4573 que reforma los artículos 159 al 161 que
va desde las relaciones sexuales con personas menores de edad, actos sexuales
remunerados con personas menores de edad, abusos sexuales contra personas
menores de edad e incapaces.
Además
de otras disposiciones agregadas en el Código de Familia, Código Civil, Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil.
Con
esto se protege los derechos de los niños y las niñas, evitando, disminuyendo y
castigando las relaciones abusivas.
Finalmente,
es importante saber diseñar las políticas públicas, su importancia y hacia
quienes van dirigidos, sus argumentos y la respuesta pertinente al problema.
El siguiente video a modo de conclusión nos explicará la importancia del diseño y evaluación de políticas públicas, de la Auditoría Superior de la Federación:
Las Políticas Públicas Criminológicas en
Latinoamérica.
Durante
muchos años América Latina ha sido una zona marcada a nivel local y criticada
en el entorno mundial por su alto índice de violencia principalmente delitos
contra la vida asociados al narcotráfico, lo que aumenta la tendencia hacia la
criminalidad y con ello muestra que poco se ha hecho o intervenido en políticas
criminológicas.
No
cabe duda que la criminología es una ciencia multidisciplinaria encargada de
estudiar el fenómeno delictivo, el delincuente y su motivación para cometer un
delito, además estudia la victimología, el desplazamiento del delito, la prevención
del delito, incorpora sus conocimientos al Derecho y otras ciencias con el fin
de esclarecer alguna situación asociada al delito.
Con lo
anterior abarcamos parte de las funciones de lo que conocemos como Criminología,
no obstante, ha sido reflejo de que no vamos más allá, no basta con saber las
motivaciones que llevan a una persona a delinquir, las cuales muchas ya han
sido categorizadas y estigmatizadas ya que se asocia al delincuente con pobreza,
falta de estudio, haber vivido en un núcleo familiar disperso, haber sufrido un
trauma emocional, violencia, abuso sexual, uso y abuso de drogas y licor, entre
otros aspectos sobre la visión del delincuente.
En
este aspecto Europa nos lleva ventaja ya que ellos parten de la teoría a la
acción y toman todos los datos de estudio del fenómeno delictivo y lo
transforman en acciones preventivas relacionadas a las políticas públicas
criminológicas, acciones que previenen el delito y la reincidencia criminal.
Parte
de esta situación puede ser explicada por la visión latinoamericana sobre el
delito, principalmente en los gobiernos populares que han sido totalmente
represivos al atender la delincuencia, el control social ha sido maximizado e
imponente, ejemplo de ello son las reformas carcelarias que han ocasionado en
la mayoría de países de América hacinamiento causado por la sobrepoblación,
irrespetando los derechos humanos de la población penal, aumentando la
reincidencia criminal a efecto rebote en lugar disminuirla.
Este
problema es principalmente porque nuestra sociedad tiene una visión populista
sobre el sentido del “castigo” por lo cual pensamos que penas más duras con
años de cárcel más elevados son una forma efectiva de prevenir el delito y de
control social por lo que los gobiernos no han tomado en cuenta a los criminólogos
y su visión de prevención del delito como si se hace en muchos de los países de
Europa.
Estos
rasgos seguramente tienen efectos sobre la incorporación o no de la
investigación criminológica a las políticas públicas. (Gabaldón, 2010).
En la
praxis se está asociando la criminología con el derecho penal, siendo que este
último le interesa solo el castigo por medio de la aplicación de las leyes y no
es prevención del delito como mucho se ha discutido entre las dos ciencias abriendo
paso a controversias sobre la contención del delito.
En los
últimos años se han hecho importantes avances en determinar qué funciona en
materia de prevención del delito y porqué. Pero sin embargo también en muchos
países se continúa impulsando respuestas de corto plazo, que frecuentemente no
contribuyen a la prevención de la criminalidad, e inclusive dificultan avanzar
en la prevención de la criminalidad de manera sostenida en el largo plazo (Carranza,
2016).
Es correcto
que el uso de las leyes es necesario para gestar la paz en la ciudadanía,
siendo un medio de control social para mantener el Estado equilibrado, pero no
es el uso sino el abuso lo que lleva al problema de la represión y de la
reincidencia criminal y de la poca incorporación de los criminólogos latinoamericanos
en la efectiva creación de políticas públicas.
Si
bien es probable que los criminólogos latinoamericanos se mantienen más
alejados que colegas de otras regiones de las agencias gubernamentales porque
resultan menos frecuentemente convocados a participar..., ello no explica toda
la historia de la escasa conexión entre saber académico y políticas públicas en
el control de la criminalidad en América Latina. (Gabaldón, 2010).
Esto
abre paso más bien a que el saber criminológico alce la voz y sea tomado en
cuenta para lograr reducir los índices de criminalidad, la violencia y reprimir
el delito por medio de una prevención que sea efectiva, estudiada y analizada,
tomando en cuenta el ejemplo de países como Suecia, Noruega y Finlandia que
poseen índices bajos en reincidencia criminal y criminalidad en general gracias
a las políticas públicas criminológicas que han sido parte.
Finalmente, incorporar a los criminólogos latinos en sus distintos países y a la ciudadanía para la efectiva creación de PPC para garantizar la seguridad de la sociedad y delimitar la delincuencia y sus manifestaciones
PNUD Equipo de gestión de conocimiento. (2013, noviembre, 27). Seguridad humana y políticas públicas. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=du8AdRECGC8
En una
primera parte se desarrolló algunas de las políticas públicas criminológicas
actuales en Costa Rica, en esta ocasión le daremos seguimiento a otras PPC importantes
en materia de prevención del delito para nuestra ciudadanía y la promoción de
la paz.
Política Pública y Plan Nacional sobre drogas,
legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
En la actualidad la
legitimación de capitales es uno de los métodos más utilizados por grandes bandas
criminales para financiar su organización, al igual que otros dedicados al
terrorismo.
Este dinero proviene de
actividades ilícitas y por medio de la legitimación o blanqueo de capitales
hacen pasar el dinero como si fuera de una actividad lícita, esto trae
consecuencias negativas a la economía de los países.
Por lo que la PPC sobre
drogas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo viene a
prevenir que esos delitos sean gestados por medio de acciones que lograrán
disminuir sus efectos en nuestro país.
Algunos de los programas de la Política son según la
Secretaría Técnica de los ODS, 2016:
-Impulso sistemático de la prevención basada en
evidencia, en diferentes contextos, territorios y comunidades, priorizando la
atención de grupos en situación de riesgo.
-Definición de medidas alternativas de prosecución
penal o privación de libertad para los infractores de la Ley Penal dependientes
de drogas.
-Control de zonas inseguras y vulnerables al delito de
tráfico ilícito de drogas, a favor de la protección de sus pobladores.
-Creación de normativa jurídica y técnica, para
combatir el surgimiento de capitales sin causa lícita aparente.
-Creación de instrumentos jurídicos y técnicos que
combatan el transporte transfronterizo ilícito de dinero, títulos valores,
metales y piedras preciosas.
Las instituciones a cargo son:
·Instituto de
Alcoholismo y Farmacodependencia.
·Ministerio de Salud.
·Ministerio de
Gobernación y Seguridad Pública.
·Ministerio Público.
·Ministerio de Justicia
y Paz, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Educación Pública,
Ministerio de Seguridad Pública y Organizaciones no Gubernamentales.
En la actualidad
la violencia contra las mujeres es uno de los fenómenos más constantes en
nuestro país, cada día más mujeres son agredidas por parte de sus parejas
sentimentales, mujeres víctimas de la agresión física, psicológica, verbal,
sexual, patrimonial y otros signos de violencia que sufren cada día.
Esta
PPC quiere concentrar sus esfuerzos para evitar la violencia contra las mujeres
y atender a las víctimas de estos casos, además de prevenir el Femicidio.
Prevención de la Violencia Contra la Mujer
define la prevención de aquellas acciones que permitan anticiparse a la
ocurrencia de la violencia, identificando los procesos que contribuyen a
desencadenarla con el fin de reducir el impacto que esta produce en la vida de
las mujeres. (INAMU, 2019).
Con esta Política Nacional 2017-2032 se busca
la continuidad del esfuerzo iniciado a mediados de los años noventa con la
elaboración del primer Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la
Violencia Intrafamiliar y el Abuso Sexual Extra-familiar (PLANOVI: 1994), y el
segundo Plan Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las
mujeres en las relaciones de pareja y familia como por hostigamiento sexual y
violación (PLANOVI Mujer: 2010-2015).
Política de Protección de Personas en
Trata.
Actualmente
se encuentra en proceso de realización por parte de la Dirección General de
Migración y Extranjería (DGME), en la cual se plantea darle seguimiento a las
personas que son víctimas de este delito que es muy frecuente en nuestro país.
Este
problema radica muchas veces en el engaño personas principalmente mujeres se
les promete un trabajo fácil y muy bien remunerado, en ocasiones con modelaje,
siendo que es un engaño, se les priva de libertad y son explotadas sexualmente,
al igual a nivel laboral por lo que muchas personas caen en las redes de
personas que se encargan de ejecutar esta modalidad de delito.
Por lo
anterior, la DGME en conjunto con la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), se desea plantear esta PPC para prevenir y desarticular
estas bandas organizadas.
Anteriormente
el gobierno de Costa Rica creó una campaña de concientización dirigida a las
personas que fueron víctimas de trata de personas y las que aún se encuentran
sin goce de libertan y no han sido descubiertas por parte de las autoridades
llamada así “La Campaña Corazón Azul Contra la Trata de Personas”.
La
campaña es creada por la Oficina de las Naciones Unidades contra la Droga y el
Delito (UNODC) y en Costa Rica se asociaron con la Coalición Nacional Contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (CONATT), quienes pretenden
alertar a la población sobre el impacto, el daño y los peligros de la trata de
personas. (Gobierno de Costa Rica, 2016).
Es
importante darle seguimiento a este tema y esperar que pronto sea cumplida y
realizada una nueva PPC contra la Trata de Personas en nuestro país, prevenir y
reprimir este delito debe ser una de las prioridades de nuestro actual
gobierno.
Secretaría
Técnica de los ODS. (2016). Inventario de
Políticas Públicas según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
[Recurso Electrónico]. San José, Costa Rica: 1ª. ed. Secretaría Técnica
ODS-MIDEPLAN.
El
definir bien las políticas y su buena ejecución fortalece la democracia y
mejora la gobernabilidad, en el entendido que se propicia el bienestar de las
mayorías. Una parte fundamental del quehacer del gobierno se refiere al diseño,
gestión y evaluación de las políticas públicas. Las políticas públicas se han
convertido en una herramienta que incorpora no solo los intereses del Estado,
sino también de la sociedad mediante objetivos y acciones concretas para dar
respuesta a un problema concreto. (Monge, 2015).
Las PP
son muy importantes ya que responden a las necesidades de la ciudadanía y el
mejoramiento como país, además hay una respuesta de compromiso del gobierno en
la mejora continua en diversos temas y sectores a intervenir.
Es
importante por tal motivo darle un seguimiento a las actuales políticas
públicas criminológicas aprobadas en nuestro país, así mismo como las que se
encuentran en el plano de desarrollo, gracias a reformas de leyes, cooperación
internacional, el estudio del fenómeno delictivo, las tendencias actuales de
criminalidad y otros aspectos en los que se motiva a mejorar la seguridad
ciudadana y la prevención del delito, además de la importancia en la sensibilización
de la ciudadanía.
Políticas Públicas Criminológicas.
Política Pública
de Justicia Juvenil Restaurativa en Costa Rica.
“La Política responde al mandato de favorecer y
fortalecer la incorporación de la Justicia Restaurativa en el Sistema de
Justicia Juvenil en Costa Rica, dando respuesta a los compromisos
internacionales del país en materias de derechos humanos y derechos de las
personas menores de edad, así como a la consideración del legítimo acceso a la
Justicia de las niñas, niños y adolescentes y, en especial, de niños, niñas y
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.” (Poder Judicial, 2015).
La justicia restaurativa es beneficiosa en todos los
aspectos y se ha logrado demostrar en países tales como Noruega, Nueva Zelanda,
Finlandia y otros principalmente de Europa que han aplicado este método como
una forma de prevenir el delito, respetar los derechos humanos, disminuir la
reincidencia criminal y ser un programa de mediación entre
víctima-delincuente-justicia.
Imagen 1: Justicia Restaurativa. (Gobierno de Costa Rica, 2015).
Esta PPC la conforman varias instituciones y
ministerios entre ellos por mencionar algunos se encuentran el Poder Judicial,
Ministerio Público, Defensa Pública (Unidad de Defensa Pública Penal Juvenil),
Departamento de Trabajo Social y Psicología, la Comisión Nacional para el
Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), el Viceministerio de
Paz, MIDEPLAN, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Oficina de
Cooperación y Relaciones Internacionales, DINARAC, Dirección General de
Adaptación Social y su Programa Nacional de Atención a la Población Penal
Juvenil, Dirección del Programa de Prevención del Ministerio de Seguridad, la
Defensoría de los Habitantes (Dirección Área Niños y Adolescentes), PANI,
ILANUD, Consejo de la Persona Joven, IAFA Centro de Menores, representantes de
universidades, etc.
Dentro de sus objetivos se encuentran involucran a los
jóvenes en conflictos con la ley acercarse a la justicia restaurativa, atender
la reparación del daño tanto a las personas ofendidas como a la sociedad, la
aplicación de sanciones socioeducativas tales como la prestación de servicios,
la reparación de los daños a las víctimas, la orientación y la supervisión, la
enseñanza de algún oficio, la desintoxicación por drogas o licor, entre otros
aspectos.
Es muy importante ya que logra incorporar el respeto
de los derechos humanos para las personas menores de edad, se logra por medio
de un plan de acción actividades que faciliten la reincorporación a la sociedad
de estas personas y se logre disminuir la reincidencia delictiva.
Otro aspecto relevante es que la Ley de Justicia Penal
Juvenil promueve algunas formas legislativas que, atendiendo a los principios
de intervención mínima, de racionalidad, de proporcionalidad, de
flexibilización y diversificación de la reacción penal, favorece la des
judicialización de los procedimientos penales según las recomendaciones del
derecho internacional. (Poder Judicial, 2015).
Además, es importante señalar que el tiempo de
intervención en los tribunales es reducido gracias a la Justicia Restaurativa
por su pronta respuesta y mediación y se logra reducir los gastos económicos que
conlleva un proceso penal.
Política Integral
y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ).
El enfoque principal de esta PPC es la seguridad
ciudadana y la generación de paz, reconocer la criminalidad que pone en riesgo
la seguridad, aplicar los mecanismos de prevención en contra del delito y
articular las distintas instituciones tanto a nivel local como nacional para
poder hacerle frente a la comisión del delito.
Para su formalización se tomó en cuenta la ciudadanía
por medio de la consulta pública, tomando en cuenta la percepción de
inseguridad de la ciudadanía para fortalecer el programa logrando entender el fenómeno
delictivo y las manifestaciones de violencia.
Entre sus objetivos tanto a nivel nacional como local
según el Ministerio de Justicia y Paz, 2017 son:
·Superación de las
condiciones sociales de vulnerabilidad frente al delito y la violencia.
·Rescate y creación de
espacios y condiciones para fortalecer una cultura de paz social y mayor
desarrollo humano.
·Utilización y
fortalecimiento de las capacidades del Estado para garantizar una mayor
seguridad ciudadana.
·Eliminación de las
formas más próximas de violencia y victimización, considerando las
especificidades de distintos segmentos de la población.
·Atención integral a las
víctimas de la violencia y el delito.
·Intervención eficaz
para desarticular las distintas formas de delincuencia organizada en el
territorio nacional.
El anterior gráfico estadístico nos muestra la tasa de homicidios en los últimos años por lo que es importante que estas y otras políticas públicas criminológicas sean insertadas para prevenir la delincuencia y sobretodo la alza en los homicidios.
Entre los que cooperan para esta política pública están
el Ministerio de Educación Pública, Ministerio de salud, Ministerio de Cultura
y Juventud, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, Instituto Costarricense Sobre Drogas, Ministerio de
Bienestar Social, Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Poder
Judicial, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Adaptación
Social y otros. (Secretaría Técnica de los ODS, 2016).
Para la implementación de nuevas políticas criminales
es de suma importancia que las distintas unidades del gobierno participen, que
se aprueben reformas si es necesario que haya un estudio íntegro y que todas
las instituciones públicas o privadas del país participen ya que será el único
camino para que se fortalezca la lucha contra la criminalidad en el país.
Política Pública
con la Ley N°9406 de Relaciones Impropias.
Esta es una importante política pública criminológica basada
en la Ley de Relaciones Impropias ya que antes de que esta fuera aprobada,
había una situación de desproporcionalidad entre las relaciones afectivas
principalmente en las niñas, abuso sexual, agresión doméstica y femicidios,
gracias a esta Ley se previene esos delitos que en muchas ocasiones eran
ocultados por parte de las víctimas.
Esta ley castigaría hasta con tres años de cárcel a
quienes siendo mayores de edad mantienen relaciones sexuales con
personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de cinco o
más años. Impone el mismo castigo cuando quien es menor de edad tenga entre los
15 y menos de 18 años, si la diferencia de edad entre ambos es de 7 años o más.
(Gobierno de Costa Rica, 2017).
Con esta Ley se previenen los delitos asociados a las
relaciones impropias, se cumple con el compromiso ante la Convención de
Derechos del Niño y la protección especial de la persona menor de edad.
Gracias a esto el Instituto Nacional de las Mujeres ha
fomentado la participación junto a otras instituciones del país para proponer
un proceso género-sensitivo para explicarle a la ciudadanía, y en particular a
las mujeres, niñas y adolescentes, los alcances de esta nueva Ley", señaló
Alejandra Mora Mora, Ministra de la Condición de la Mujer y Presidenta
Ejecutiva del INAMU. (INAMU,2019).
Con esta importante política pública cierro la primera parte de las actuales PPC en Costa Rica y la importancia e impacto que tienen en la ciudadanía.
Ministerio de Justicia y Paz. (2017). Política Municipal de Seguridad Ciudadana y
Prevención de Violencia. Osa, Puntarenas 2018-2022. Costa Rica: Ministerio
de Justicia y Paz.
Poder Judicial. (2015). Política Pública de Justicia Restaurativa de Costa Rica. Costa Rica:
Ministerio de Justicia y Paz.
Secretaría Técnica de los ODS. (2016). Inventario de Políticas Públicas según los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) [Recurso Electrónico]. San José,
Costa Rica: 1ª. ed. Secretaría Técnica ODS-MIDEPLAN.
Antes
de hacer mención sobre las Políticas Públicas Criminológicas su importancia y
funcionamiento en la sociedad es prescindible, primero hacer un abordaje sobre
que es una política pública.
Política
pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos
e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación
eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una
situación definida como problemática. La política pública hace parte de un
ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener.
(Velásquez, 2009).
Otra
definición para política pública es:
“Curso
o línea de acción definido para orientar o alcanzar un fin, que se expresa en
directrices, lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre un tema y
atención o transformación de un problema de interés público.
Explicitan
la voluntad política traducida en decisiones y apoyo en recursos humanos,
técnicos, tecnológicos y financieros y se sustenta en los mandatos, acuerdos o
compromisos nacionales e internacionales” (MIDEPLAN, 2016).
Con
estas enunciaciones podemos lograr construir una definición para política
pública criminológica la cual será la toma de acciones y decisiones por parte
del gobierno determinadas a resolver problemas de criminalidad desde la
prevención del delito.
Otra
referencia más completa sobre esta definición es:
“Las
Políticas Públicas Criminológicas (PPC) son acciones de gobierno con objetivos
de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de
diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas
derivados de la criminalidad, la prevención y disminución de esta misma, en
donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones.
(Díaz, 2017).
Las
políticas públicas criminológicas son importantes ya que con ellas se logra en
cierta medida la prevención del delito por medio de las distintas acciones que
se le asignará a las autoridades competentes, analizando el fenómeno delincuencial
y logrando disminuir la incidencia criminal, esto se consigue gracias a varias
tareas en donde se puede aplicar las PPC.
Por
ejemplo, en el sistema penitenciario se puede implementar una PPC que logre
evitar la reincidencia criminal por medio de acciones que estén orientadas a
este objetivo tales como la sensibilización de la población penitenciaria
asociada a un programa de recuperación social terapéutica y proactiva combinada
con introducción al estudio, trabajo, deporte,
actividades culturales y otras que logren prevenir la reincidencia criminal de
la población carcelaria.
El
siguiente gráfico de Eurosocial, 2015 nos ayuda a orientar sobre aspectos que deben de ser tomados en
cuenta para la realización de políticas públicas criminológicas.
Es
importante que la aplicación de las políticas públicas criminológicas se haga
bajo un estudio adecuado de la criminalidad atendiendo las necesidades de la
ciudadanía tanto a nivel nacional como a nivel internacional ya que es trascendental
como criminólogos entender el fenómeno delincuencial en el resto de países.
La
integración no ha sido la mejor en este aspecto debido a diferentes situaciones
en la que la criminología no ha sido debidamente llevada a cabo en la función
de las políticas públicas.
-Resulta interesante averiguar por qué en América
latina resulta tan importante el consenso normativo en torno al foco y la
agenda de la investigación, por qué dicho foco permanece anclado en uno de los términos
de la ecuación delictiva, esto es, la reacción social, y por qué la minimización
de las respuestas estatales, percibidas como excesivas e injustas, es tan
relevante en el discurso criminológico. (Gabaldón, 2010).
La PPC en este sentido deben de ser tomadas como un mecanismo de prevención de la delincuencia, tomando en cuenta la cohesión de la ciudadanía y desarrollando estrategias y recursos necesarios para el cumplimiento de sus intereses.
Referencias Bibliográficas.
Díaz Sandoval, C. (2017). Entre Política Criminal y Política Pública Criminológica. Recuperado de https://www.criminologiaycriminalistica.com/blog/entre-pol%C3%ADtica-criminal-y-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-criminol%C3%B3gica
Eurosocial. (2015). Modelo Regional de Política Integral para la Prevención de la Violencia y el Delito. Madrid : Programa Eurosocial.
Gabaldón, L. (2010). La criminología
latinoamericana: temas, perspectivas y políticas públicas en el tránsito del
milenio. Espacio abierto, Vol. (19)
2, pp. 253-272.
Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica. (2016). Guía para la elaboración de Políticas Públicas. San José: MIDEPLAN.
Velásquez Gavilanes, R. (2009). Hacia una nueva definición del concepto
“política pública”. Desafíos, Vol. (20),
pp.149-187.
